Las empresas intentan controlar el fraude laboral realizando encargos a los Detectives Privados para comprobar que sus trabajadores cumplen con sus obligaciones de teletrabajar o mantener su cuarentena tras un contacto directo con un positivo de Covid-19. Los informes y videos elaborados por estos profesionales se consideran pruebas judiciales validas en caso de apertura de un procedimiento sancionador o de un despido.