«Con frecuencia, las empresas acuden a detectives privados para que investiguen posibles irregularidades por parte de sus trabajadores. Se trata de una práctica legítima que, no obstante, no está exenta de controversia. Así, la ley fija estrictos límites que los profesionales deben respetar, especialmente en un terreno tan conflictivo como el de la videovigilancia en el trabajo. 

En este contexto ha dictado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña una sentencia (consulta aquí el texto íntegro) en la que avala el despido de una camarera que fue grabada por detectives privados cometiendo fraude en los cobros a los clientes. La Sala descarta que la medida atente contra la intimidad de la trabajadora y señala que «no es la empresa la que realiza la videograbación», sino la agencia.»

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