Según los datos ofrecidos por el Gobierno de España, son numerosos los delitos de fraude contra las aseguradoras evitados gracias a los servicios de detectives privados, lo que se traduce en millones de euros ahorrados por el Estado.

Esto se produce gracias a que las compañías de seguros, ante sospecha de fraude, contratan estos servicios para la averiguación de la situación real de las personas que alegan estar incapacitados para desempeñar sus trabajos. Para ello, los detectives llevan a cabo servicios de observación de estos individuos para determinar si realmente existe esta incapacidad.

De esta forma, en el caso de tratarse de un intento de fraude, las compañías de seguros evitan pagar a las personas que mienten. Asimismo, el Estado ahorra la cantidad de dinero que debería abonar en concepto de prestaciones por incapacidad, al no existir realmente la misma.

Vemos, por tanto, como la contratación de los servicios de detectives privados se traduce en una disminución del delito, así como un ahorro de dinero para el Estado, permitiendo acabar con el obstáculo que este tipo de engaños supone para el crecimiento económico del país.