Los detectives privados trabajan en casos de infidelidad, comprobación de paternidad o fraudes al seguro. Sin embargo, los casos de sospecha de fraude laboral son los que más destacan en la profesión en la actualidad.

Ello es debido al creciente aumento de las prestaciones que la Administración Pública destina a este tipo de bajas que, según informe de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), han aumentado casi un 90% respecto al año 2018.

En los casos en los que caben sospechas de que la persona de baja exagera o inventa dolencias, la contratación de detectives es esencial para llevar a cabo un seguimiento de la persona y aclarar así si las dolencias o lesiones sufridas suponen una limitación a sus actividades diarias, impidiéndole realmente la realización de su trabajo.

Dicho servicio siempre debe estar sujeto al respeto de la intimidad de la persona investigada, puesto que el detective únicamente puede captar sus imágenes en lugares públicos; y utilizar grabaciones siempre que ellos mismos sean partícipes de la conversación.

De este modo, los detectives privados consiguen destapar fraudes al presentar pruebas gráficas de los movimientos y actividades que puede realizar una persona que asegura tener dolencias que dificultan su vida, demostrando la realidad y desmontando el fraude, ahorrando a la Administración Pública millones de euros al año.